Situación Política durante el Régimen Parlamentario

Con la revolución de 1891 no sólo se derrocó a un Presidente, cayó también la autoridad presidencial y el principal responsable fue el Partido Conservador, que entre sus más gloriosas tradiciones ostentaba la Constitución de 1833. Ese conjunto de leyes hizo del Presidente de la República una autoridad incuestionable, concentrándose todos los poderes del Estado. Sin embargo, fue la mayoría conservadora del Congreso que se opuso al Presidente Balmaceda y determinó el destino de Chile.

Inmediatamente destituido Balmaceda, a fines del mismo año se promulgó la nueva ley de municipalidades, la cual dividió el país en una multitud de comunas, que serían administradas por su respectiva municipalidad, cuyos miembros o "regidores", elegidos popularmente, duraban tres años.

Los poderes otorgados a estas corporaciones fueron inmensos, destacando la salubridad, el aseo y el ornato de las poblaciones, el fomento de la educación pública y de todas las industrias y el mantenimiento de la policía de seguridad. Pero ninguna facultad más importante que la constitución del poder electoral. Las inscripciones de los ciudadanos y las votaciones populares para elegir a sus propios regidores, a los diputados, a los senadores y al Presidente de la República, estuvieron a cargo de las municipalidades. La comuna autónoma terminó con la intervención oficial en las elecciones.

A lo anterior se agrega la ley de incompatibilidades parlamentarias, dictada en tiempo de Balmaceda. Por esta ley, los cargos legislativos se oponían a cualquier empleo que pagara el Estado, con lo cual ningún funcionario pudo desde entonces entrar en el Congreso y seguir a la vez desempeñando su empleo. El fin de tal resolución fue impedir que algún empleado público fuese elegido para defender en las cámaras la política del Presidente. De tal forma se estableció el régimen parlamentario, que consistía en que el Presidente gobernaba de acuerdo con el Congreso, representado por su mayoría. La elección libre del Congreso y del Presidente contribuiría a mantener el equilibrio y a afianzar la armonía entre ambos poderes. Sin embargo, en la práctica sucedió lo contrario.

Al poder del Presidente la sustituyó la omnipotencia del Congreso. Dentro del régimen parlamentario, el Congreso, elegido popularmente con independencia del Poder Ejecutivo, constituía sus mayorías con igual independencia, y como el Presidente no podía gobernar sin el acuerdo de estas mayorías resultaba que á ellas tenía que someterse en todos sus actos.

Las mayorías eran esporádicas, las cuales ocupaban los ministerios con sus delegados respectivos, los que trataban pronto de sobreponer los intereses de su agrupación a los de las agrupaciones aliadas; si el Presidente cedía a sus pretensiones, se rompía la solidaridad ministerial y la agrupación que se creía agraviada retiraba sus ministros. El conflicto así presentado, entre la mayoría parlamentaria y el Presidente, se resolvía entonces en una crisis ministerial, las que fueron frecuentes durante los treinta y tres años de parlamentarismo (1892-1924). Fue lo que se llamó la "rotativa ministerial".

Reconocido el papel del Congreso en el ejercicio del poder, en él se hicieron frecuentes ciertas prácticas. Diputados y senadores hacían valer sus fuerzas cuando tenían que aprobar las llamadas leyes periódicas-de presupuesto, contribuciones y Fuerzas Armadas. Los parlamentarios imprimían al despacho de dichas normas, el ritmo que la conveniencia política les aconsejaba. El Congreso ejerció, también, en forma exagerada, la facultad que tenía para interpelar o censurar al gabinete presidencial. De este modo, obligaba a los ministros a comparecer ante el Parlamento para justificar sus acciones, o a renunciar, llegando a establecer una intensa rotativa ministerial, que entorpecía la labor del Ejecutivo.